EL DEBATE DE LAS VIAS PECUARIAS O LA TRAGEDIA DE LOS COMUNES

 

En 1968, el biólogo Garret Hardin escribió un influyente artículo (La Tragedia de los Comunes), que ha marcado profundamente las doctrinas socialdemócratas en materia de gestión económica de los recursos naturales.

Reconozco que comparto poco del marco filosófico subyacente al pensamiento de Hardin en dicho artículo, que supura malthusianismo y darwinismo social por todos lados. Tampoco veo la crítica al liberalismo económico que se le ha atribuido. El que desmienta la «mano invisible» asignada a Adam Smith, por la que la suma de intereses privados confluía necesariamente en un beneficio general para la sociedad, no supone necesariamente una crítica a los fundamentos del liberalismo. Es más, permite justificar la perspectiva socio-liberal y su principio de que el conflicto entre interés privado y bienes comunes sólo es posible si incorporamos regulaciones (y con ellas, la coerción del estado) y limitaciones al derecho universal de propiedad.

Pero, salvando estos aspectos, creo que es importante tener en perspectiva este artículo para abordar el debate sobre las vías pecuarias, entre otras razones porque en él se identifican las cuestiones clave en el conflicto entre intereses privados y bienes públicos.

Las vías pecuarias son bienes de naturaleza demanial que en las últimas décadas han sufrido un silencioso proceso de privatización encubierto, con el pretexto de que ya no sirven al uso ganadero originario. Los cortes en la continuidad de estas vías rurales o su ocupación por parte de los propietarios de fincas colindantes, por particulares o por la propia administración, están al orden del día. Frente a este proceso, colectivos ecologistas y culturales han venido defendiendo el sistema de vías pecuarias como un importante patrimonio público para la preservación de la biodiversidad en espacios agrarios y base para el desarrollo de actividades de ocio, turísticas y disfrute de la naturaleza para los ciudadanos. Y todo ello, sin renunciar al uso ganadero tradicional; de hecho, la UE está dando claros mensajes de que la ganadería europea debe retornar a patrones productivos más vinculados con los recursos pastorales del territorio y desde las administraciones se están poniendo en marcha medidas tendentes a impulsar la gandería de pequeña trashumancia (escuela pública de pastores de Andalucía), por lo que no debe resultar extraño que en los próximos años volvamos a ver rebaños pastando por nuestras cañadas.

En Jerez, el tema de la degradación de la red de vías pecuarias ha pasado a primera línea del debate política como consecuencia de la existencia de un número relevante de viviendas construidas sobre vías pecuarias. La ley de vías pecuarias imposibilita urbanizar estos núcleos de población (acerado, iluminación, alcantarillado) así como a acceder a la propiedad del suelo por parte de los vecinos. Estos, por su parte, esgrimen que llevan años pagando impuestos municipales y que estos núcleos de población tienen un carácter histórico pues desde hace muchas décadas, los trabajadores agrícolas constuyeron sus casas en las cañadas para poder estar en las cercanías del trabajo.

En el PGOU de Jerez de 2009 se reconocieron estos núcleos rurales bajo la figura urbanística de Hábitat Rural Diseminado argumentando el carácter histórico de estos asentamientos. El desbloqueo de la situación para los vecinos (o así se lo han hecho creer) pasaría por la desafectación de las vías pecuarias, esto es, hacer que los suelos sobre los que se asientan sus viviendas dejen de ser cañadas para pasar a ser suelo público de la Junta de Andalucía no afecto a servicio público y, por tanto, «vendible».

Por contra, colectivos ciudadanos han cuestionado el carácter histórico de estos poblamientos y reducen el tema a una cuestión de ocupación privada de un bien público.

Tomemos por ejemplo el caso de La Guareña y comprobemos su estado en 1956 y el actual para comprobar que no falta razón a este argumento:

GUAREÑA 1956

 

GUAREÑA 2015

 

Con el fin de clarificar en alguna medida cuestiones técnicas que intervienen en este tema, nos hemos atrevido a redactar un informe que ponemos a disposición de quien esté preocupado por los detalles de la problemática: ESTUDIO HABITAT RURAL DISEMINADO

Aquí, sólo vamos a hacer unas valoraciones finales sobre el tema, extraídas de dicho informe:

El debate sobre la legalización de viviendas en vías pecuarias, se encuentra viciado por una grosera e interesada manipulación partidista, que busca instrumentalizar políticamente a la población afectada. Los discursos inducen a provocar una dialéctica entre la conservación de un bien público como son las vías pecuarias y los principios de justicia social argumentado sobre el carácter histórico de los asentamientos rurales.

Oponer la defensa de lo público a la justicia social es algo inaudito y demencial, que sólo persigue confundir a opinión pública y afectados.

Por otro lado, se desvía la atención sobre un hecho crucial: que las administraciones públicas competentes (junta de Andalucía como titulares de las vías pecuarias y ayuntamiento de Jerez como autoridad urbanística competente), llevan casi dos décadas haciendo dejación de funciones en esta materia

Las implicaciones jurídicas de este hecho no corresponde señalarlas aquí. Pero lo cierto es que con este incumplimiento de las leyes, las administraciones han provocado el menoscabo de los bienes públicos cuya custodia la sociedad les tenía encomendado.

Los perjudicados por esta situación son dos: por un lado el conjunto de la sociedad que ha visto degrado el estado de derecho y un bien de todos; y por otro lado, los residentes en vías pecuarias a los que, más allá de su responsabilidad personal, se le ha dado un mensaje de impunidad o pseudolegalidad inconcebible en un Estado moderno.

En el marco jurídico actual, dar solución a la demanda de los vecinos sin reconocer que esto implicará un menoscabo de lo público se llama justificar una privatización silenciosa. Pero aunque se pretendiera, esto requeríría caminos jurídicos rebuscados, rocambolescos y costosos que, me temo, tendremos que pagar entre todos.

Pero mirar para otro lado o pensar que la solución pasa por aplicar la disciplina urbanística es no saber nada del tema. Aquí lo que estamos es ante una excepcionalidad provocada por la mala gestión de los responsables públicos. Y como tal excepcionalidad hay que tratarla jurídicamente.

O, a lo mejor, lo que se está buscando es utilizar la población como ariete para justificar el abrir el melón de la modificación de la ley de vías pecuarias y pasar a la desamortización definitiva de este patrimonio público

Pero las excepciones jurídicas hay que argumentarlas, buscar las causas, delimitar las circunstancias que le dieron lugar y, como en este caso, identificar responsabilidades políticas para que no vuelvan a repetirse. O de lo contrario, estaremos provocando un claro mensaje de efecto llamada

 

EL PAPEL DE JEREZ EN LA ITI ¿A QUE ESTAMOS JUGANDO?

 

 

A lo mejor es que me ha picado el mosquito conspiranoico y estoy viendo construcciones estratégicas donde, a lo mejor, lo que existe es simplemente el normal transcurso de los  acontecimientos.

Así que, para evitar dudas existenciales me he ido a buscar los datos objetivos. La pregunta clave que pretendo responder sería: ¿Hay una verdadera apuesta regional para conformar un polo de desarrollo en Cádiz Bahía y la negación de un papel relevante a Jerez en el modelo económico regional?.

Para responder a esta pregunta me he ido al único documento disponible en internet sobre la ITI de Cádiz, he extraído aquellas iniciativas que vienen ya localizadas, agrupándolas en las localizadas en Cádiz Bahía o en Jerez. El resultado es el siguiente:

CADIZ BAHIA

• Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR). Investigación ciencias y tecnologías marítimas.
• Centro Tecnológico MarítimoNaval.
• Creación-Construcción del Instituto de Biomedicina de Cádiz (IBICA).
• Consolidación del Cinturón Universitario Bahía de Cádiz.
• Integración del Puerto de Cádiz. Adecuación superficies en antigua zona pesquera y muelles y apoyo a competitividad
• Impulso de la industria cultural en la provincia de Cádiz: Museo Camarón
• Impulso de la industria cultural en la provincia de Cádiz: Baelo Claudia, Carteya, Teatro Romano de Cádiz.
• Logística Portuaria. Proyecto CENTROLOGS.
• Poblado Sancti Petri.
• Integración del Puerto de Cádiz. Integración del muelle Ciudad de Cádiz en el casco urbano.
• Áreas Logísticas Bahía de Algeciras y Bahía de Cádiz.
• Integración del Puerto de Cádiz. Mejora acceso Dársenas de Cádiz.
• Integración del Puerto de Cádiz. Ramales de Ferrocarril en la nueva terminal de contenedores de Cádiz.
• Sistema de seguridad ERTMS Tranvía Bahía de Cádiz
• Proyectos Tecnológicos Universidad de Cádiz. Transporte sostenible. Proyecto Campus Natura.

 

JEREZ

• Espacios de Innovación en Jerez, La Línea, San Fernando, Vejer de la Frontera y Villamartín.
• Impulso de la industria cultural en la provincia de Cádiz: Fundación Bonald, Fernando Quiñones.
• Centro Tecnológico de la Innovación del Vino.
• Mejorar las vías pecuarias del Término Municipal de Jerez de la Frontera.
• Acondicionamiento paisajístico de caminos rurales y vías pecuarias de acceso a viñedos y demás infraestructuras con potencial económico de enoturismo.

 

¿ESTOY DE VERDAD PARANOICO?

 

Que cada uno saque sus conclusiones

PSICOANALISIS DEL DEBATE SOBRE LAS DIPUTACIONES

 

El pleno municipal del pasado 30 de marzo nos regaló un magnífico debate sobre el papel de las diputaciones, así como una muestra del cinismo político en estado puro.

El debate se centró en la dialéctica entre el coste que supone el mantenimiento de las Diputaciones frente al argumento del papel que juega esta institución en la garantización de servicios en los municipios pequeños. Puro humo. La cuestión central se discute en otro eje de coordenadas.

Las Diputaciones provinciales son un reducto de las formas de gobierno territorial del siglo XIX. Desde la perspectiva de cómo se entiende una democracia en el siglo XXI, es difícil justificar que, por ejemplo, la presidencia de esta institución (a la que se le da el papel de representación de la provincia) sea una persona elegida para ser concejal en cualquier pueblo de la provincia y, en ningún caso, para que ostente cargos ejecutivos en otra institución. Así, a la actual presidenta nadie la ha votado para que cumpla dicha función, más allá de los votantes sanluqueños que votaron una candidatura para el gobierno de su ciudad.

Entonces ¿por qué se ha mantendido esta institución en el actual marco democrático?.

Desde la constitución del estado moderno, siempre ha existido una tensión entre poder central y municipalismo. El municipalismo como idea política se sutenta  en el principio de que los ayuntamientos son sujetos políticos con capacidad de iniciativa, mientras que los «estatalistas» reducen el papel de los ayuntamientos en el estado a sujetos administrativos y prestadores de servicios. Para estos últimos (allá por el siglo XIX), el ceder poder a los municipios suponía dejar el terreno abonado al caciquismo y al control territorial del país por parte de los poderes fácticos (más proclives al antiguo régimen); y, en esta línea de pensamiento, cuando se produce la organización administrativa del país en provincias, el papel de las diputaciones era reducir las estructuras caciquiles, garantizando el poder del estado a través del contro territorial del país. Las diputaciones en este contexto se veían como un avance en el proceso de modernización del país.

Lo cierto es que, ese caciquismo al que los liberales pretendían superar, se hizo finalmente con las propias diputaciones pues ¿de dónde sino no iban a salir los representantes municipales en la institución provincial?. Esta situación (la diputación como base para el control caciquil del territorio) se consolidó más si cabe con el franquismo.

Con la llegada del régimen democrático del 78 y la conformación de las autonomías, las diputaciones parecían tener los días contados. Sin embargo, la constitución recogió en su artículo 137 que «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan«. Por otro lado, el artículo 141 dice que «La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado«, lo que nos viene a dar una pista de que el sentido de conservar esta figura en un estado descentralizado fue el de garantizar un cierto control territorial del poder central.

Asimismo, el hecho de que la legislación electoral adoptara la provincia como circunscripción, además de favorecer a los grandes partidos nacionales, constituía una justificación para la existencia de una entidad de representación de dicha circunscripción.

Sin duda, las fuerzas nacionalistas comprendieron pronto que el mantenimiento de las diputaciones suponía una inmiscusión del poder del estado en la conformación de los nuevos gobiernos regionales. En el caso de Cataluña, la respuesta fue clara e inmediata, incorporando la figura de la comarca en su estatuto.

En el andalucismo, la comarcalización formaba parte del proyecto de organización territorial de Andalucía. En otros ámbitos ideológicos esto no estaba tan claro. Para la derecha andaluza, la provincia seguía constituyendo la unidad básica de organización del territorio; los socialistas, en sus primeros pasos hacia la conformación de la Autonomía, asumieron el discurso andalucista, más por oportunismo y conformación de grandes mayorías que por convencimiento. El PCE de entonces sí veía a las Diputaciones como un «reducto del poder franquista» pero en ningún momento cuestionó la provincia como unidad de gestión territorial. Las corrientes libertarias, sin embargo, apostaban por el fortalecimiento de un poder municipal comarcalizado por entender que sólo en este espacio era posible una democracia popular real con capacidad de contrarrestar el poder del estado.

Lo cierto es que en los primeros pasos de la conformación del gobierno andaluz como un nuevo poder en el escenario regional, hubo una apuesta por impulsar las comarcas y reducir al mínimo el papel de las diputaciones. Así, durante los años 80 y 90, se produce un rico movimiento de integración municipalista en mancomunidades con la finalidad de mejorar los servicios públicos y promover el desarrollo económico de los espacios comarcales. Experiencias cercanas como las de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir o la de la Sierra de Cádiz dan fe de ello.

Pero a partir del cambio de siglo, la cuestión cambia radicalmente y, como si se tratara de un presagio, las banderas andaluzas dejaron de verse en lo alto de las gruas y las cumbres de las obras de los pueblos de Andalucía.

La «Andalucía Imparable de Manolo Chaves» consolidó el poder regional sobre la idea de que partido (PSOE), Junta de Andalucía y sociedad andaluza eran una misma cosa; un mismo sujeto político que se expresaba en las amplias mayorías obtenidas en las sucesivas elecciones. Para que se produjera esa fusión trinitaria, el partido del rodillo necesitaba control territorial y esto suponía disponer de «centuriones» por toda la geografía andaluza; centuriones que requerían soldada para garantizar la adhesión al sistema y lograr los equilibrios entre las distintas familias políticas. Parafraseando a un lider socialista de la época, «al partido se puede venir a hablar de política pero con las cosas del comer no se juega». Y en esas «cosas del comer», las diputaciones empezaron a jugar un papel fundamental.

El desarrollo del poder de la Junta de Andalucía vino en paralelo con el desmantelamiento del municipalismo en su dimensión política. Aunque en su momento se habló de la «segunda descentralización» como el proceso de transferencias competenciales y presupuesto desde las comunidades autónomas a los municipios (sólos u organizados en comarcas), esto no se produjo en Andalucía más allá de tímidos intentos tardíos como fue la Ley de autonomía Local de Andalucía.

No vamos a quitar valor al avance que sin duda supuso dicha norma en cuanto a la regulación de competencias municipales, pero una cosa era el BOJA y otra el sistema político que ya sin ambajes reproducía el conflicto histórico municipalismo-estado a escala regional. El gobierno regional refuerza el papel de las diputaciones como entidad de representación de los municipios, ampliando el número de programas e inversiones que se implementan a través de convenios con las instituciones provinciales. El poder regional se consolida y articula territorialmente con sus ocho provincias, localizando en cada una un polo de desarrollo en torno a sus capitales. Así control polìtico y modelo económico van de la mano.

Si se le pregunta a cualquier concejal de los pueblos de la provincia sobre la aplicación de estos convenios te dirá sin dudarlo, que la distribución de fondos estaba directamente vinculado con el color político del gobierno municipal. Se vuelve también a dar la extravancia democrática de que, por ejemplo, los fondos del programa de cultura para Torre Alháquime, los gestiona el concejal de otro pueblo de la provincia. Si a ello se le une la opacidad de la información y la falta de transparencia, ya tenemos el campo abonado para el neo- caciquismo de partido que, en el fondo, es lo que subyace al debate abierto por Ciudadanos a nivel estatal.

No debemos perder de vista que la provincia es la circunscripción electoral y por tanto el control de sus votos determina como se conforma el poder del estado. Los dos grandes partidos de la transición confluyen en esta idea: en la importancia de las diputaciones como instrumentos de control político y base de estabilidad para el modelo bipartidista, dando «estabilidad» al sistema surgido tras los Pactos de La Moncloa.

El tema del servicio a los pequeños municipios o del control del gasto es secundario. Aquí de lo que se está hablando es del control del poder territorial. Y como parafrasee más arriba, «con las cosas der comé no se juega»

 

POSTDATA: la conformación de un polo de desarrollo en torno al concepto Cádiz Bahía, forma parte de esta lógica de control territorial: Junta de Andalucía- Provincia- Polo de Desarrollo. El fortalecimiento de cualquier liderazgo urbano al margen de este  sistema político será visto como una amenaza o una disfunción inaceptable. A Jerez hay que sacarla hasta de los mapas del tiempo